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¿Alianzas impuras? / Ricardo Olvera / Zeta
5 de Febrero del 2010
En estos días los priistas más connotados se persignan con agua bendita al mencionar la “impura alianza” PAN-PRD en Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Durango y otros cacicazgos tricolores. Las llaman “engendros” y “aberraciones” contra natura. Ambos partidos “se olvidan de sus principios con tal de ganar el poder”, dicen con voz trémula de indignación.
Hipocresía pura. Para empezar ¿de cuándo acá la política en nuestro país se rige por principios, y más tratándose de los políticos precisamente del PRI?
Segundo, las alianzas entre partidos diversos en cualquier democracia no se dan necesariamente por comunión de principios o ideologías, pues por lo general partidos diversos tienen ideologías diferentes y contradictorias entre sí. Se dan por razones coyunturales, por lo general ligadas a parar a una fuerza autoritaria que amenaza con cancelar las libertades democráticas de todos.
Se dan cuando se trata de construir o defender las reglas básicas de la democracia que hacen posible la competencia relativamente libre y civilizada entre las diversas fuerzas políticas.
Fue precisamente la alianza de facto entre las fuerzas de izquierda y el PAN contra el Gran Cacicazgo del PRI a lo largo de varias décadas la que permitió ir abriendo espacios democráticos a nivel nacional, primero forzando la Apertura Democrática del entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles a fines de los setentas, y luego con las campañas electorales de El Maquío Clouthier y Cuahutémoc Cárdenas en 1988, pasando por las primeras gubernaturas no-priistas --en Baja California, Guanajuato y Chihuahua--, para dar paso a la gran reforma política de 1996, que ciudadanizó la autoridad electoral –entonces en manos de Gobernación—y permitió arrebatarle la mayoría absoluta del Congreso al PRI en 1997 y poco después la todo poderosa presidencia de la República.
Esta fue una epopeya conjunta de fuerzas políticas ideológicamente muy diversas y contradictorias entre sí, pero con un objetivo común superior: conquistar para todos las libertades democráticas elementales.
Las actuales alianzas PAN-PRD para la elección de gobernadores, alcaldías y congresos en algunos estados el próximo 4 de julio, buscan precisamente esto: acabar con los cacicazgos de más de 80 años de un solo partido en esos estados, donde el poder de los gobernadores y su capacidad de manipulación electoral es muy grande, al grado de que en la elección federal de julio pasado los cuatro estados donde se están construyendo estas alianzas –Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Durango—de 39 diputaciones en disputa el PRI ganó nada menos que 39. Y lo mismo sucedió con las 40 diputaciones del Estado de México.
Es decir, que en esos y algunos otros estados apenas se está dando la lucha por conseguir las libertades democráticas que se consiguieron en el escenario político nacional hace década y media.
A pesar de los grandes cambios democráticos a nivel nacional, que acabaron con el antiguo presidencialismo autoritario --fundado en el control corporativo de las organizaciones gremiales bajo la sombrilla casi única del Partidazo--, los rasgos esenciales de ese sistema se han reproducido y conservado a nivel local en muchos estados de la República, donde el Gobernador tiene control del Congreso local, del Poder Judicial, de los medios de comunicación y en cierta medida de los propios partidos de oposición, así como de las instituciones electorales
Evidentemente las alianzas locales entre el PAN y el PRD reviven esa vieja tradición anti-autoritaria que ubicaba al PRI como el enemigo común de la democracia, contra el cual había que dar una lucha conjunta por encima de las diferencias ideológicas y políticas entre las fuerzas coaligadas.
Y el gran temor de los priistas es que esta identificación del PRI como enemigo de la democracia rebase los ámbitos meramente estatales donde se dan estas alianzas, y se extienda al campo de batalla nacional hacia el 2012, sobre todo si estas alianzas estatales tienen éxito este año en derrotar al PRI en sus bastiones más duros.
Comentan diversos analistas que el rechazo visceral de los jerarcas priistas a la reforma política propuesta por el Presidente Calderón, la cual retoma las demandas de un amplio movimiento ciudadano –reelección, candidaturas ciudadanas, plebiscito, segunda vuelta, etc.--, es su respuesta de castigo ante las temidas y odiadas alianzas. Pero esta reacción solo comprobaría la sospecha que se empieza a despertar en buena parte del electorado nacional: que el PRI sigue siendo el principal obstáculo para el avance democrático del país y para las reformas estructurales que este requiere con urgencia.
Ricardo Olvera es director de Selección de Prensa
Correo: frolvera@prodigy.net.mx
www.selecciondeprensa.com
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